El Ejecutivo destinará 350 millones en subvenciones, que adaptará en función de las emisiones del vehículo adquirido

El Gobierno financiará con entre 400 y 4.000 euros la compra de un coche nuevo, una ayuda que deberá ser igualada por fabricantes y concesionarios. La cuantía de la subvención variará en función de las emisiones (será más baja para adquirir vehículos menos eficientes en términos contaminantes y alcanzará el máximo para los vehículos cero emisiones) y será obligatorio desguazar un coche de más de 10 años. Esa es la receta con la que la Administración pretende relanzar las matriculaciones de automóviles tras el mazazo de la covid-19. En total, se destinarán 350 millones de fondos públicos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes el plan a dos e incluso a tres velocidades que han cocinado media docena de ministerios para ayudar a la industria de la automoción a salir del agujero en el que le ha dejado la crisis sanitaria. “Mitigar las enormes consecuencias en 2020 causadas por la covid mientras miramos hacia el futuro”, ha dicho Sánchez sobre los objetivos del plan de choque cuyas medidas se aprobarán este martes. Las acciones más urgentes son las que deben reanimar las matriculaciones en España, imprescindibles para, a su vez, activar las fábricas.

Para ello, el Gobierno ha creado dos bloques de ayudas. Una es la dirigida a los vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga —la segunda edición del plan Moves—, que tendrá más dinero del previsto inicialmente y alcanzará los 100 millones de euros. La segunda, más polémica, es la recuperación del Plan Renove: dirigida a todo tipo de vehículos, incluidos los propulsados por gasolina o diésel. El sector de la automoción demandaba que no quedaran excluidos de las ayudas y así será. Tendrán ayudas por un importe de 250 millones de euros, aunque condicionados, y 20 millones serán para camiones, según consta en el documento elaborado por el Gobierno.

El argumento es que España cuenta con un envejecido parque de automóviles que ronda, de promedio, los 13 años. Y que esos vehículos, de gasolina o diésel, contaminan más que las actuales versiones de esas dos tecnologías. De ahí que la primera condición impuesta por el Gobierno sea mandar al achatarramiento un coche de más de 10 años si alguien se quiere beneficiar de las subvenciones —será mayor si supera las dos décadas— y que el que vaya a adquirir esté entre el 45% más eficiente de la oferta.

Así, si un particular o un autónomo compra un vehículo con la etiqueta ambiental C de Tráfico, podrá recibir una ayuda gubernamental de 400 euros si ese vehículo tiene la etiqueta energética B y 800 si es A. En el caso de un coche ECO (híbridos o de gas), las ayudas serán de 600 o 1.000 euros, respectivamente. Y para los cero emisiones, la subvención alcanzará los 4.000 euros. Entre fabricantes y concesionarios deberán igualar la ayuda que ponga la Administración, aunque para los eléctricos solo tendrán que acompañar con 1.000 euros. En el caso de las pymes las ayudas por vehículo —hasta un máximo de 30— partirán de los 350 euros y para la gran empresa, de 300 euros.

Los subsidios excluirán la compra de todo vehículo que supere los 120 gramos de CO2 de emisiones, por lo que la mayor parte de los todocaminos —también llamados SUV podrían quedarse fuera—. Y el coste del vehículo no podrá superar los 35.000 euros, 45.000 en el caso de personas con movilidad reducida o coches sin emisiones.

El Ejecutivo también ha reservado 100 millones para renovar el parque público de vehículos con vehículos eléctricos, siempre que sus condicionantes lo permitan para el servicio que tengan que ofrecer. Y permitirá a Ayuntamientos y corporaciones locales a utilizar su superávit presupuestario para renovar su propia flota de vehículos, lo que podría suponer otros 100 millones de euros.

Todos esos recursos, además de créditos ICO para comprar camiones, forman parte del plan para levantar de forma inmediata las ventas de vehículos. Hasta 2022 se destinarán 2.690 millones para potenciar la industria y asegurarse la asignación de nuevos vehículos. La industria ha asumido un compromiso en el plan: fabricar en 2030 entre 700.000 y 800.000 vehículos electrificados en España, lo que supondría una cuota del 12% del mercado europeo. El próximo año apenas habrá una quincena de modelos en las doce plantas que ensamblan vehículos en España. En total, el paquete de ayudas, que recoge 21 medidas de todo tipo, tiene un presupuesto de 3.750 millones.

“Pedíamos un plan ordenado y justo y contiene ambos ingredientes”, ha subrayado del plan Gerardo Pérez, presidente de la patronal de concesionarios, Faconauto, quien ha destacado: “Protege el empleo y el medio ambiente”. Su satisfacción era similar a la de los fabricantes, Anfac, cuyo presidente, José Vicente de los Mozos, ha asegurado que el plan supone poner “a las personas en el centro”, debido a la apuesta por el futuro de las plantas.

Los secretarios generales de las federaciones de industria de CC OO y UGT, Agustín Martín y Pedro Hojas, respectivamente, han aprobado el plan y han reclamado solidaridad con los 3.000 trabajadores de Nissan que previsiblemente perderán su empleo el próximo mes de diciembre, cuando la multinacional japonesa cierre sus instalaciones en Cataluña.

Isabell Büschel, responsable en España de la federación europea Transport & Environment, considera que el plan presentado este lunes “va en la buena dirección” al apostar por una “movilidad y unos empleos sostenibles”, informa Manuel Planelles. Su organización aplaude que las ayudas para vehículos eléctricos se hayan incrementado hasta los 100 millones de euros. Sin embargo, Büschel ha lamentado que el plan renove incluya ayudas para la compra de vehículos de combustión de gasolina y diésel. El Gobierno ha fijado un tope de 120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro para poder acceder a esas ayudas, lo que deja fuera a muchos grandes todoterrenos, los denominados SUV. Sin embargo, Transport & Environment sostiene que el techo de esos 120 gramos abre la puerta a algunos SUV algo más pequeños, como el Arona de Seat o el Captur de Renault. “No es una señal buena”, apunta Büschel. Con este plan, Transport & Environment sitúa a España por detrás de Alemania y Francia, que han apostado claramente por los vehículos eléctricos en sus planes de apoyo al sector automovilístico.

Büschel aplaude también que el Gobierno incentive la fabricación de baterías y fije objetivos de instalación de puntos de recarga, además de abrir la puerta a una reforma de la fiscalidad. Y critica que también se incluyan ayudas a los camiones y coches que usan gas natural.

Por su parte, Ecologistas en Acción se ha mostrado más crítico con la decisión de financiar la compra de coches de combustión. Y ha demandado que “el dinero público destinado al sistema de transporte y movilidad” se invierta “en medios sostenibles como infraestructuras y medidas que prioricen los desplazamientos a pie y en bicicleta y ayudas al transporte público”.

Fuente: EL PAÍS

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